La morosidad se sitúa en mayo en el 6,498%

Según los datos publicados hoy mismo por el Banco de España, la morosidad del sistema financiero español se situó en el 6,498%, en este pasado mes de mayo, lo que supone un incremento de algo más de 0,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, ya que abril cerró en el 6,359%.

Esta cifra sigue manteniendo a este indicador en valores de 1995, momento más duro de la última crisis grave que había azotado a nuestra economía, y que, si los comparamos con los datos de hace un año, con respecto a mayo de 2010, arrojan un incremento de un punto porcentual, ya que mayo de 2010 cerró en el 5,498%.

En términos absolutos, de los 1,80 billones de euros en préstamos que mantienen las entidades financieras españolas (bancos, cajas, cooperativas y entidades de crédito), 117.592 millones de euros son activos dudosos (en mayo de 2010 eran 100.266 millones de euros).

Aunque a partir de ahora el Banco de España ya no distingue datos de morosidad entre bancos, cajas de ahorros y cooperativas de créditos, sí que diferencia entre entidades de depósito (las mencionadas anteriormente) y los establecimientos financieros de crédito.

Así, las entidades de depósito acumularon una morosidad del 6,455%, con una cifra absoluta de saldo dudoso de 113.086 millones de euros, mientras que los establecimientos financieros de crédito finalizaron mayo con una tasa de morosidad del 9,787%, y unas cifras globales de 3.889 millones de euros.

Por otro lado, las provisiones de crédito de las entidades financieras, según los datos que maneja el Banco de España se situaron en los 305.428 millones de euros, algo que supone un 8,5% más que en mayo de 2010.

En definitiva, la morosidad sigue en valores insostenibles que provocarán que las entidades financieras mantengan su concesión de crédito en valores ínfimos a la espera de una recuperación futura que no parece que pueda llegar, especialmente después de los resultados de los tests de estrés.

Y es que un buen ratio de morosidad es fundamental para que las entidades financieras puedan plantearse la concesión de créditos de manera habitual, sin exigir requisitos extraordinarios que acaban por repercutir en préstamos personales más caros y difíciles de conseguir, ralentizando así el consumo de las familias y las inversiones de las empresas.

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