Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para la nueva Ley de Cajas que ha puesto sobre la mesa es que con ello se conseguirá hacer fluir el crédito, ya que las entidades obtendrán la liquidez suficiente y necesaria para poder hacer frente a las demandas de crédito de sus clientes. Sin embargo, hay muchos analistas que coinciden en afirmar que los préstamos personales con la nueva Ley de Cajas serán los grandes perjudicados del sistema.
Según sostienen estos economistas los préstamos personales con la nueva Ley de Cajas están condenados a ser congelados de manera indefinida. Las herramientas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para las Cajas de Ahorros están encaminadas a que éstas puedan obtener liquidez de los mercados de deuda, la cuál necesitan para su recapitalización, que pasa a ser su gran prioridad.
En este sentido, la concesión de préstamos personales les restaría liquidez y les alejaría de su gran objetivo, corriendo peligro de tener que ser intervenidas, ya que los préstamos personales son los que más peligro conllevan de morosidad, al no acarrear ninguna garantía adicional, más que la personal.
Por ese motivo, los préstamos personales con la nueva Ley de Cajas se están viendo reducidos para los clientes ya consolidados de las entidades, sobre los que se tiene absoluto control y un historial lo suficientemente largo como para tener cierta seguridad sobre su comportamiento en el medio-largo plazo.
Por otro lado, los nuevos clientes, o clientes sin mucha vinculación con las entidades, se están encontrando con un muro infranqueable a la hora de solicitar préstamos personales con la nueva Ley de Cajas, ya que se enfrentan a condiciones difícilmente asumibles y a unos tipos de interés totalmente fuera del mercado.
Es previsible, no obstante, que en el medio-largo plazo, esta nueva Ley de Cajas sí que consiga cierta estabilidad en el sector financiero y con ello puede que el crédito vuelva a fluir de manera racional y natural, pero el problema, el verdadero problema, se encuentra en el corto plazo que es cuando las familias, los autónomos y las PYMES tienen que hacer frente a sus pagos y reclaman, para ello, liquidez que ahora mismo no están encontrando.
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