Nueva Ley de Contratos de Crédito

El próximo septiembre entrará en vigor la nueva Ley de Contratos de Crédito, según la publicación del BOE de la semana pasada, derogando la normativa de 23/03/95, con el objetivo principal de homologar todos los contratos de créditos al consumo en los países miembros de la Unión Europea, de forma que todos los ciudadanos de la unión se tengan que enfrentar a las mismas obligaciones y puedan disfrutar de los mismos derechos en lo que se refiere al crédito al consumo y los préstamos personales.

La principal novedad de la Ley es la posibilidad que otorga al consumidor de cancelar anticipadamente el préstamo personal o crédito al consumo sin tener que pagar ninguna comisión de penalización por ello, con lo que se garantiza un derecho fundamental del consumidor.

En caso de que hubiera cualquier tipo de discrepancia sobre los términos del contrato, la Ley de Contratos de Crédito prevé la participación de un árbitro que pueda dirimir razones y no razones, de la misma forma que estipula las responsabilidades de los prestamistas para con sus clientes, haciendo especial hincapié en el capítulo informativo, ya que ahora las entidades financieras tendrán la innegable obligación de informar a sus clientes de todas las condiciones y cláusulas del contrato que están firmando.

En este mismo sentido, las entidades financieras que se dediquen a la concesión de créditos al consumo, en virtud de esta nueva Ley de Contratos de Crédito tendrán la obligación de comprobar las posibilidades financieras de sus clientes antes de realizar la concesión del préstamo.

Se trata, en definitiva, de medidas de sentido común que, hasta ahora, no habían estado debidamente reglamentadas lo cuál generaba cierta indefensión del consumidor y campos de impunidad para los prestamistas, que podían utilizar su situación de poder negociadora para cargar los préstamos y créditos con condiciones abusivas.

La Ley de Contratos de Crédito empezará a funcionar a partir de finales de septiembre y se prevé que ayude a mejorar la transparencia del sector crediticio español, otorgando una nueva perspectiva de seguridad financiera y en las transacciones para el futuro, ayudando, por tanto, a una más sencilla dinamización de la economía.